El Consejo Directivo Nacional de PRO aprobó hoy por iniciativa de la legisladora Correntina, un Protocolo de Actuación para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres que se aplicará a los miembros de todos los órganos partidarios, funcionarios y legisladores y que prevé la expulsión de la fuerza de toda persona que incurra en ese tipo de actos.
El Protocolo persigue \”como fin supremo la eliminación de toda discriminación de las mujeres basada en su género y propicia el pleno ejercicio de sus derechos políticos\”, dice el texto de la iniciativa, que fue expuesta por la diputada nacional Sofía Brambilla, titular de PRO Mujeres durante la asamblea partidaria celebrada esta tarde en Parque Norte.
El documento precisa que serán alcanzados por el Protocolo \”los miembros de los órganos partidarios del orden nacional, sea en órgano ejecutivo, resolutivo, de control o asesoramiento y capacitación y los ministros/as y funcionarios/as públicos nacionales, diputados/as y senadores/as nacionales que se encuentren afiliados al PRO\”.
Especifica que se entiende por violencia política \”cualquier conducta que, por acción u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres\” y que tenga por objeto o resultado \”menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos\”.
El Protocolo dispone un concepto amplio al establecer que la violencia contra las mujeres en la vida política \”puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica\”.
\”En relación a las personas condenadas por delitos con implicancias de violencia hacia las mujeres, será causa suficiente para que el Tribunal de Disciplina proceda a la expulsión del PRO de todos aquellos miembros alcanzados por el presente Protocolo\”, indica el documento.
El procedimiento de denuncia se realizará conforme a lo regulado en la carta orgánica nacional y se dará intervención a la Secretaria de Pro Mujeres \”a los efectos de brindar contención, acompañamiento y asesoramiento a la mujer o mujeres que denuncian\”.
Asimismo, \”se prohíbe el uso de la conciliación para la resolución de hechos de violencia contra las mujeres en la vida política\”.
