Ex funcionarios procesados: elevaron a juicio una causa por unos $65 millones
El juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá hizo lugar a un pedido de la Fiscalía. Los defensores de dos de las cinco personas que están con prisión preventiva coincidieron en que es mejor que el enjuiciamiento se realice, porque sostienen que demostrarán que son inocentes.
Semanas atrás, la Fiscalía de Instrucción de Curuzú Cuatiá pidió elevar a juicio la causa por presuntas anomalías en la administración de fondos que Nación envió a Perugorría y por la cual están procesados cinco ex funcionarios, entre ellos, quienes fueron intendentes de la localidad. Si bien, uno de los acusados apeló aquel pedido, ahora no lo haría. Es que, al igual que otra de las personas que está con prisión preventiva, consideran que es conveniente que el proceso avance porque afirman que así podrán demostrar su inocencia.
Quienes ejercieron diferentes roles en la gestión comunal de Perugorría y que ahora irían a juicio son: Jorge Corona, Angelina Lesieux (jefes comunales); Patricia Vera (tesorera); Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) y Ernesto Moray Mussio (auditor). Precisamente, la última persona citada es el único imputado que, semanas atrás, objetó el pedido de la fiscal y pidió su sobreseimiento por considerar que no existen pruebas que demuestren que tuvo participación en alguna asociación ilícita u otro delito vinculado a la administración de fondos públicos.
Pero este planteo fue rechazado por el juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, quien finalmente días atrás resolvió la elevación a juicio de la causa en la que se investiga el destino de unos $65 millones.
Esos recursos habrían sido enviados años atrás por el Gobierno nacional para solventar una serie de obras. Pero en la Justicia sospechan que esos recursos habrían sido desviados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década.
“Lesieux considera que lo mejor es ir a juicio, por eso nosotros ya no objetamos el pedido a elevación a juicio que realizó la Fiscalía”, expresó el defensor de la ex jefa comunal al ser consultado por El Litoral. En este sentido, argumentó que: “No existen pruebas que demuestren la existencia de una asociación ilícita, tal como se pretende hacer creer. Por eso, creemos que lo mejor es ir a juicio para que demuestre su inocencia y pueda ser absuelta”.
Con respecto a esto, recordó que “mi defendida hace más de un año que está detenida”.
Por su parte, el defensor de Moray Mussio también señaló a El Litoral que no harían nuevas presentaciones para poder finalmente ir a juicio. Al mismo tiempo, reiteró que él desconocía la existencia del dinero enviado desde Nación al Municipio y que, además, el contralor de ese tipo de recursos estaba a cargo de otros organismos.