La provincia es la quinta de la región en cantidad beneficiarios, Misiones tiene 82.064, Formosa 40.860, Santiago del Estero 83.845 y Chaco que lidera el ranking con 99.134 pensionados.

A raíz de la auditoría a la Agencia Nacional de Discapacidad por parte del Gobierno Nacional (Andis), se pudo saber que en la provincia de Corrientes hay 72.146 personas que cobran pensiones no contributivas, esto representa un 5,9% de la población actual y la posiciona como la 5ta provincia del país con más beneficiarios. La pensión por discapacidad llega hoy a los $216.000, su monto es equivalente al 70% de la jubilación mínima.

El Gobierno anunció el último viernes que puso en marcha una auditoría para determinar irregularidades dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarias de pensiones por invalidez en toda la Argentina. El disparador de esta fiscalización, fue una denuncia presentada semanas atrás por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán. Las últimas averiguaciones dieron con un desvió de 3.400 millones de dólares.

En la provincia hay 72.146 son correntinos que cobran pensiones no contributivas y que representa un 5,9% respecto teniendo en cuenta a la población de 1.212.696. Por encima se encuentra Misiones con 82.064 con 1.278.873 (6,4%), en tercer lugar Formosa con 40.860 con una población de 607.419 (6,7%), en segundo lugar se ubica Santiago del Estero con 83.845 en una población de 1.060.906 (7,9%) y la provincia que lidera es Chaco con 99.134 con 1.129.606 (8,8%).

En 2024 hay más de 52.000 correntinos que completaron el trámite para Certificado Único de Discapacidad (CDU). Hasta el 2019 en Corrientes había un total de 70.328 pensiones no contributivas y 52.383 eran por invalidez. A nivel nacional se habían tramitado 1.025.251 certificados, de tal modo que Corrientes representa apenas el 1,57% de ese universo.

La pensión por discapacidad llega hoy a los $216.000. Su monto es equivalente al 70% de la jubilación mínima, más el bono de $70.000. Es decir que en total las pensiones alcanzaron este mes 265.000 millones de pesos.

La auditoría busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla. Además de dar de baja el beneficio y abrir una causa penal, si se comprueba esta hipótesis.

La normativa dice que la pensión por invalidez debe otorgarse a aquella persona que, en edad de trabajar, sufre y puede demostrar una incapacidad laboral del 76%. Y que demuestre que está en situación económica vulnerable. El operativo consistirá en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la Anses o un hospital público.

La Andis sospecha que al menos el 40% de los beneficiarios, es decir cerca de medio millón de personas no deberían estar cobrando la pensión. Para determinar la cifra exacta de beneficios a dar de baja, en los próximos días se lanzará un operativo nacional de auditoría, pero que pondrá el foco en los municipios del conurbano bonaerense y las provincias del NEA.

Además, se revisará el perfil socio económico del beneficiario. Por lo que se cruzará información de propiedad, ingresos y consumos, dado que para acceder a la pensión por invalidez, los ingresos y patrimonio del beneficiario o su grupo familiar no deben superar ciertos límites, por lo que se aceptan a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Con toda esa información, el Andis resolverá si mantiene o da de baja el beneficio. Esta resolución puede insumir entre 30 y 45 días. Si la considera que el beneficio debe darse de baja, el beneficiario tendrá una instancia de apelación y si la persona que es citada no se presenta en la fecha y lugar indicado, perderá automáticamente el beneficio.