En una resolución de alto impacto político, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 con competencia electoral hizo lugar a la demanda de nulidad presentada por Juan Aurelio Acinas Alegre y anuló la intervención, su ratificación y la posterior prórroga que había dispuesto el Partido Autonomista de Orden Nacional sobre el Partido Autonomista del distrito Corrientes, duro revés para José Romero Brisco, diputado provincial y líder de la boleta oficialista quién se candidateaba para gobernador de la provincia de Corrientes.

La resolución, firmada por la Secretaría Electoral de la Capital Federal, cuestiona con dureza la legalidad del procedimiento que derivó en el desplazamiento de las autoridades correntinas, entre ellas el propio Acinas Alegre, quien también es presidente del Comité capitalino del partido.

Según el fallo, la medida de intervención original, dispuesta el 11 de marzo de 2024 por la Junta de Gobierno del partido nacional, fue adoptada por un órgano que no tiene facultades para hacerlo, violando así la Carta Orgánica del partido, que reserva tal atribución exclusivamente a la Convención Nacional con una mayoría calificada de dos tercios de sus miembros.

Además, el Tribunal también consideró inválida el acta de ratificación de la intervención, emitida el 4 de abril de 2024, por carecer de los requisitos mínimos para una reunión válida: no se acreditó el quórum ni la identidad de los participantes y solo figuraban tres firmas.

Por otro lado, la prórroga de la intervención dictada el 7 de septiembre de 2024 también fue anulada, al no haber sido ratificada por el órgano competente y carecer de sustento legal. En definitiva, la Justicia determinó que no existe resolución válida alguna que respalde la intervención sobre el distrito correntino, por lo que esta y su prórroga fueron consideradas nulas.

La decisión judicial representa un fuerte revés para las autoridades del Partido Autonomista Nacional y ratifica la vigencia institucional del partido en Corrientes, reafirmando el principio de autonomía distrital y la necesidad de respetar la legalidad interna en los partidos políticos.