
El conflicto se encuadra en un contexto de alta sensibilidad electoral, donde La Libertad Avanza (LLA) busca ganar terreno político en distritos clave, generando tensiones con mandatarios de distintos signos políticos, incluso aquellos que en el pasado fueron aliados circunstanciales del oficialismo.
Durante un evento con empresarios en el Yacht Club de Puerto Madero, Milei pronunció uno de sus discursos más políticos, reafirmando su intención de avanzar con su modelo libertario y de "llevar el cambio a las provincias". Acusó a los gobernadores de no haber hecho los ajustes comprometidos y de boicotear el cambio nacional desde los poderes locales.
En silencio, pero con firmeza, los gobernadores comenzaron a coordinar acciones legislativas que desafían al Ejecutivo. Esta semana, los 24 mandatarios consensuaron un proyecto para modificar el régimen de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y la distribución del impuesto a los combustibles, en respuesta a la falta de recursos y obras públicas por parte de la Nación.
El malestar crece incluso entre provincias aliadas, donde advierten que las críticas del Presidente y el avance de LLA en los territorios locales han deteriorado la relación política. "Se les va a complicar juntar los soldados para sostener el veto", deslizó un funcionario cercano a un gobernador afín al oficialismo.
Mientras tanto, en la Casa Rosada hacen cuentas: para mantener el veto al proyecto jubilatorio se necesitan al menos 75 votos en la Cámara de Diputados. A pesar del respaldo de sectores del PRO y de algunos radicales, las dudas sobre el compromiso de parte de ese bloque crecen, especialmente tras la ofensiva de Milei contra los gobernadores.
Desde el Ministerio de Economía advierten que si el Congreso logra imponer la ley vetada, el costo fiscal sería del 1,8% del PBI, un golpe directo al equilibrio fiscal que el Gobierno considera innegociable. "El déficit cero no se toca", aseguran cerca del ministro Luis Caputo, aunque reconocen que una derrota parlamentaria podría afectar seriamente la percepción de los mercados y el riesgo país.
En este contexto, se intensifica la disputa interna dentro del oficialismo entre las alas "partidaria" y "gubernamental" del proyecto libertario. Mientras Karina Milei y Martín Menem buscan consolidar el poder territorial del partido, sectores cercanos a Santiago Caputo sostienen que estas jugadas tensan aún más la relación con los gobernadores, dificultando el avance de reformas en el Congreso.
Con el tablero legislativo en movimiento y los vínculos federales al límite, la Casa Rosada enfrenta un dilema crucial: si no logra sostener el veto, el costo político y económico podría ser el más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei.