
La Junta Electoral de Corrientes rechazó una impugnación del municipio de Esquina e intimó al pago inmediato de los fondos para organizar las elecciones del 26 de octubre. El organismo advirtió que, si no se cumple con el desembolso en 24 horas, podría quedar comprometida la participación de los vecinos en los comicios, deslindando toda responsabilidad por una eventual exclusión electoral.
La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes emitió una contundente resolución que pone en jaque al municipio de Esquina: rechazó por "improcedente" una impugnación presentada por el asesor legal del Ejecutivo local y lo intimó a abonar, en un plazo de 24 horas, la suma presupuestada para garantizar la organización de las Elecciones Simultáneas del próximo 26 de octubre.
La medida, notificada este martes por medios electrónicos, advierte sobre graves consecuencias institucionales en caso de incumplimiento, incluyendo el riesgo de que los vecinos de Esquina queden excluidos del proceso electoral. La Junta dejó en claro que deslinda toda responsabilidad si el Municipio no cumple con lo estipulado en el Acta N° 49, que detalla los costos acordados para la realización de los comicios.
En su resolución, el organismo electoral no solo descartó el reclamo del Municipio, sino que además fijó un ultimátum con fuertes implicancias. En caso de no saldar la deuda en el plazo indicado, se iniciarán acciones legales y se responsabilizará directamente a las autoridades locales por cualquier afectación al derecho al voto de los ciudadanos.
Recomendación para evitar futuros conflictos
Además del rechazo e intimación, la Junta Electoral emitió una recomendación preventiva para el futuro: en las elecciones simultáneas, los municipios deberán prever con antelación los recursos y gastos electorales, e incorporarlos en sus presupuestos anuales. Esto apunta a evitar situaciones como la actual, donde la falta de previsión pone en riesgo el normal desarrollo de la jornada electoral.
La resolución fue elevada también a la Junta Electoral Nacional, al Poder Ejecutivo Provincial y a la Fiscalía de Estado, marcando la gravedad institucional del caso y la necesidad de una solución inmediata por parte del municipio de Esquina.