La jueza federal Karina Alonso Candis rechazó la medida cautelar solicitada por Fernández de Kirchner en la causa “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de Acto Administrativo”. La ex presidenta reclamaba la nulidad de las resoluciones que suspendieron tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato.
La exvicepresidenta argumentó que la demora en resolver el conflicto afectaba su derecho a la seguridad social y su subsistencia, invocando el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, la magistrada consideró que no se cumplían los requisitos para otorgar una cautelar, ya que el análisis del fondo del reclamo excede el marco de una medida provisoria.
El fallo también recordó que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, lo que impide suspenderlos salvo disposición expresa en contrario. Además, la jueza advirtió que la cautelar pedida por Cristina coincidía con el objeto principal de la demanda, algo que la ley 26.854 prohíbe expresamente.
Tras el rechazo judicial, el Ministerio de Capital Humano confirmó que la ANSES reclamará la devolución de lo percibido por la exmandataria. El organismo sostuvo que las asignaciones previstas por la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y viudas son graciables y excepcionales, y no derechos adquiridos por aportes previsionales.
El fallo cita además que el pedido de Cristina “afecta el interés público”, dado el monto involucrado y la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
Por otra parte, la ANSES señaló que la cuestión se vincula con la inhabilitación penal de Fernández de Kirchner en causas de corrupción, lo que podría justificar la suspensión de beneficios previsionales. Si bien la jueza no analizó ese punto en detalle, destacó que la medida cautelar “no resultaba procedente” en esta instancia.
Con esta resolución, el organismo previsional queda habilitado para reclamar la restitución del dinero, mientras el proceso judicial continúa. La exvicepresidenta todavía puede apelar, pero el fallo representa un revés clave en su intento por recuperar las pensiones presidenciales.
