Suspenden por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires tras un habeas corpus colectivo
La jueza Marta Elba Pascual fundamentó la suspensión al considerar que la provincia de Buenos Aires no cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
En su resolución, la magistrada también cuestionó que el encierro, por sí solo, pueda garantizar una mayor seguridad y advirtió sobre la necesidad de implementar políticas efectivas de reinserción y acompañamiento para los jóvenes.
La medida fue dictada tras un habeas corpus colectivo y establece la suspensión de la aplicación del nuevo régimen durante 60 días, mientras se analiza la situación planteada ante la Justicia.
Pascual dijo que aplica la justicia restaurativa, con objetivos de responsabilizar a los jóvenes y lograr que “vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no pibes chorros”. Señaló que las políticas de encierro sin educación ni tratamiento no contribuyen a la prevención ni a la reinserción social. Insistió en la necesidad de programas y equipos interdisciplinarios.
Frente a las críticas, la jueza sostuvo: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, y añadió: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma”. Aclaró que no rechaza la reforma per se, sino su puesta en marcha sin los recursos y programas que exige la realidad provincial.
La medida cautelar respondió a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en nombre de adolescentes privados de libertad. La Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, había entrado en vigencia y fue reglamentada por el Gobierno nacional.
En los fundamentos del fallo la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. Adujo además que el cambio provocará más detenciones y que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.
La jueza convocó una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, donde funcionarios provinciales deberán explicar qué medidas tomaron y qué proyectan. Mientras dure la cautelar, el Ministerio de Seguridad, el organismo de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses quedaron responsables de garantizar su cumplimiento. La medida busca respuestas concretas sobre infraestructura y programas.