El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur. La iniciativa contempla fuertes multas, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión.
Nuevas sanciones para la explotación de recursos en Malvinas
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones para las empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas y otros espacios del Atlántico Sur. El Ejecutivo impulsó el proyecto luego del avance del proyecto petrolero Sea Lion y busca extender las restricciones que actualmente contempla la Ley 26.659.
El texto propone derogar la Ley 26.659 y aplicar el nuevo régimen a cualquier actividad no autorizada vinculada con el aprovechamiento de recursos naturales, sean renovables o no. El alcance incluye a las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la plataforma continental argentina.
La iniciativa establece multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y la inhabilitación para operar durante períodos de entre cinco y veinte años. Para la investigación y explotación de hidrocarburos sin autorización, contempla penas de 12 a 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento podría recibir condenas de 15 a 20 años.
Regularización y un nuevo esquema de Seguridad Nacional
El proyecto también contempla multas de hasta 3 millones de barriles para los casos más graves y extiende las sanciones a proveedores vinculados con las operaciones, que podrían recibir penas de cinco a siete años. Para las sociedades, prevé la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años o incluso la disolución.
Además, el texto impediría que las empresas inhabilitadas vuelvan a operar en la Argentina. También crea un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permitiría a quienes cesen voluntariamente las actividades solicitar su incorporación, pagar las multas o invertir en actividades legales dentro del país bajo las condiciones previstas.
Por otra parte, la iniciativa crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo presidido por el Presidente, con participación del jefe de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía y la Secretaría de Inteligencia. El organismo podrá coordinar políticas de seguridad y requerir información ante posibles riesgos para infraestructuras críticas o interferencias externas.
Radio Mitre
