30 de octubre de 2026
El Ministerio de Educación de Corrientes abrió una investigación interna y dispuso un sumario administrativo para determinar si hubo irregularidades u omisiones en la atención de los reclamos que había presentado la docente Nancy Godoy por las graves condiciones edilicias de la Escuela Rural N.° 626 del paraje El Malezal. La ministra Ana Miño confirmó que la supervisora de la zona y el anterior director del establecimiento tienen un plazo de 72 horas para entregar la documentación que respalde sus intervenciones y actuaciones.
Godoy había llegado a la institución en agosto para cubrir una suplencia, luego de que el director interino solicitara licencia médica. Durante ese período, realizó diferentes presentaciones formales en las que advirtió sobre la ausencia de agua potable, el deterioro de paredes y ventanas, la falta de higiene y las irregularidades en los registros escolares. Ahora, la cartera educativa busca reconstruir cómo fueron atendidos esos reclamos y establecer si los responsables cumplieron con sus obligaciones.
En sus declaraciones, Miño señaló que la docente había mantenido comunicaciones directas con el encargado de mantenimiento hasta el 6 de octubre para gestionar la instalación de una bomba de agua y distintas reparaciones en el edificio. Ese contacto se produjo apenas un día antes de que se denunciara su desaparición. Posteriormente, Godoy fue víctima de un femicidio por el que actualmente hay cinco personas imputadas.
La ministra también expresó sus condolencias a los familiares de la docente y explicó que el Ministerio mantuvo cautela en sus intervenciones públicas para no entorpecer las actuaciones judiciales ni interferir en los procedimientos desplegados durante la búsqueda.
Por otra parte, Miño vinculó la situación de la Escuela 626 con un proceso de reorganización del sistema educativo rural que contempla la elaboración de un mapa geolocalizado de establecimientos. En ese contexto, informó que Corrientes cuenta con 866 escuelas en zonas alejadas: 265 tienen menos de cinco alumnos y 113 funcionan con una matrícula inferior a tres estudiantes.
Mientras avanza la recopilación de informes y antecedentes solicitados a los responsables de supervisión, Educación intenta determinar qué respuestas se dieron a las advertencias de Godoy y si existieron incumplimientos en los procedimientos administrativos. En paralelo, el Gobierno provincial ratificó su disposición a colaborar con la investigación penal para contribuir al esclarecimiento del femicidio y a que los responsables sean sancionados por la Justicia.